Desde el gobierno señalan que en el Chaco ya existe una ley de reiterancia para combatir la “puerta giratoria”, sin embargo, sostienen que la justicia pocas veces la aplica.
El ministro de Justicia de la provincia del Chaco, Jorge Gómez, abordó uno de los temas más controvertidos en materia de seguridad pública: la aplicación de la Ley de Reincidencia en delitos, vigente en la provincia desde 2004. Durante su participación en las Jornadas Internacionales sobre Violencia de Género, Gómez resaltó la importancia de esta norma en el contexto de la seguridad, aunque admitió que su implementación aún enfrenta desafíos.
“La Ley de Reincidencia está vigente en Chaco desde el 1 de enero de 2004, y establece que una persona con varios procesos abiertos no puede obtener su libertad fácilmente”, explicó el ministro. Este marco legal, que forma parte del artículo 289 inciso 2 del Código Procesal Penal de la provincia, permite al juez impedir la liberación de un imputado que tenga más de una causa en trámite. Sin embargo, Gómez reconoció que su aplicación no siempre es constante y que, en algunos casos, persisten vacíos legales que pueden complicar el proceso.
"Hay herramientas a disposición del sistema judicial para evitar que personas con múltiples delitos queden en libertad, pero deben ser utilizadas de manera efectiva", afirmó el ministro. A pesar de que el sistema acusatorio otorga al fiscal la responsabilidad investigativa y al juez el rol de garante e imparcial del proceso, existen críticas sobre la demora en la emisión de resoluciones judiciales que, en muchos casos, obstaculizan la rápida actuación de las fuerzas de seguridad.
Estas críticas no son nuevas. El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, también presente en las jornadas, señaló la falta de respuesta de algunos sectores del sistema judicial como un obstáculo para garantizar la seguridad en la provincia. “Hay pequeños sectores dentro de la justicia que no entienden los desafíos que enfrentamos como sociedad. Muchas veces demoran decisiones clave, lo que impide que la policía pueda actuar de manera rápida y efectiva”, expresó Matkovich.
Uno de los casos más recientes que desató la controversia fue el de un chapista asesinado en la provincia, en el que el principal sospechoso tenía varios antecedentes penales. Matkovich sostuvo que, a pesar de los esfuerzos de la policía por capturar al delincuente en menos de 24 horas, la justicia tardó días en autorizar las órdenes de allanamiento necesarias. "No podemos permitir que personas con tantos antecedentes sigan en libertad. Eso genera un grave riesgo para la sociedad", lamentó el ministro.
A pesar de la vigencia de la Ley de Reincidencia en Chaco, algunos sectores sostienen que no siempre se aplica de manera rigurosa. Según Gómez, la ley ha sido una herramienta efectiva para evitar la liberación de reincidentes, pero admite que aún existen desafíos en su implementación diaria. "El artículo 18 de la Constitución establece derechos para los procesados, pero también contamos con mecanismos para evitar que el sistema favorezca la impunidad. Solo necesitamos utilizarlos con mayor rigor", afirmó el ministro.
El debate en torno a esta ley se reavivó luego de que la provincia de Corrientes aprobara recientemente una nueva legislación en materia de reincidencia delictiva, lo que generó comparaciones entre ambas provincias. Sin embargo, Gómez defendió el marco legal chaqueño, recordando que Chaco fue pionero en implementar esta normativa hace dos décadas. "La ley está en nuestras manos desde 2004. No se trata de incorporar más regulaciones, sino de hacer cumplir las que ya tenemos", explicó.
Ambos ministros coincidieron en que la seguridad es un problema que requiere la colaboración entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como de la sociedad civil. Tanto Gómez como Matkovich subrayaron la importancia de trabajar en conjunto para combatir la violencia de género y otros delitos, y aseguraron que el gobierno provincial seguirá apostando por la capacitación de las fuerzas de seguridad y la modernización de las herramientas tecnológicas, como los botones antipánico y las cámaras de videovigilancia.
“Hay un compromiso claro por parte del Ejecutivo para garantizar la seguridad de los chaqueños, pero necesitamos que todos los actores involucrados en la justicia estén a la altura de las circunstancias”, señaló Matkovich.
El enfoque está ahora en mejorar la coordinación entre las diferentes ramas del Estado para asegurar que las herramientas legales existentes, como la Ley de Reincidencia, sean aplicadas de manera eficaz. Mientras tanto, el gobierno provincial sigue impulsando reformas y proyectos para fortalecer el sistema judicial y garantizar una justicia más rápida y eficiente, en línea con las necesidades de seguridad de la población.
