Un reciente estudio realizado por Chequeado y CONNECTAS ha sacado a la luz una preocupante realidad en el sistema judicial federal argentino. Según el análisis, que abarca datos de empleados judiciales en 14 provincias, se ha revelado que al menos 46 jueces federales cuentan con familiares trabajando en tribunales o dependencias de la Justicia, lo que ha generado serias preocupaciones sobre posibles casos de nepotismo.
El proyecto, desarrollado en conjunto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), ha sido el primero en trazar un mapa detallado de las relaciones familiares en una parte significativa del sistema judicial federal. Irene Benito, periodista e impulsora de la investigación, explicó ante N9:
"Este trabajo fue hecho por un equipo. Yo lo había originalmente planteado en la Asociación Civil por el nivel de la Justicia, que terminó desarrollando una base de datos que es la fuente principal de la investigación. Y ahí se suman Chequeado y Conectas, quienes han realizado una labor de verificación y crítica del proyecto".
El estudio abarca 14 provincias argentinas, aunque Irene Benito aclaró que la investigación completa sería mucho más amplia si se incluyeran las 24 jurisdicciones del país (23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). La complejidad de la investigación, que duró 18 meses, ha sido uno de los mayores desafíos. Según Benito:
"Hacer todo el país era inviable. Se actualizaron los datos y fue muy difícil completar la pesquisa. Lo hicimos porque en la justicia federal sigue sin aplicarse la Ley de Ingreso Democrático, sancionada en 2013".
Nepotismo y la falta de transparencia
La Ley de Ingreso Democrático, que en teoría busca establecer procesos de selección basados en concursos y méritos para evitar el favoritismo, ha sido ignorada en los tribunales federales, a pesar de ser aplicada en otros sectores judiciales, como el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Ministerio Público de la Defensa. El incumplimiento de esta ley ha permitido que las designaciones en el Poder Judicial continúen realizándose de manera discrecional, lo que ha facilitado la entrada de familiares y amigos en las estructuras de poder.
Irene Benito subrayó la gravedad de este problema, especialmente por las repercusiones que tiene en la imparcialidad y la independencia judicial. Al respecto, cita a dos expertos, el procesalista Alberto Binder y el académico Juan José Nardi, quienes advierten que estas prácticas:
"Erosionan la independencia y la imparcialidad de la magistratura. Comienza a mezclarse lo público con lo privado, lo doméstico con lo institucional, lo que puede llevar a una degradación del sistema, como vimos en el caso de Walter Bento, ex juez de Mendoza, involucrado en casos de corrupción".
Las cifras reveladas: ¿Solo la punta del iceberg?
De acuerdo con los datos revelados por esta investigación, cuatro de cada diez magistrados tienen familiares trabajando en la justicia federal. No obstante, Benito considera que este porcentaje podría ser aún mayor.
"Sabemos que hay más casos, pero también que es difícil establecer parentescos cuando no se trata de jueces, sino de empleados o funcionarios".
La periodista enfatiza la importancia de que las investigaciones sigan profundizándose para cubrir todo el país. Mientras tanto, invita a la ciudadanía a aportar información confidencial sobre nuevos casos a través de formularios disponibles en los portales de Chequeado y Conectas.
Tres miembros de la Corte Suprema bajo la lupa
Entre los altos funcionarios mencionados en la investigación se destacan tres de los cuatro ministros de la Corte Suprema de Justicia: Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti. Cada uno de ellos tiene familiares designados en distintas jurisdicciones federales, un hecho que ha sido objeto de controversia.
Rosatti, por ejemplo, defendió la designación de su hijo alegando que fue nombrado antes de que él asumiera su cargo en la Corte Suprema, y aunque no rindió concurso, Rosatti consideró que la fecha de su designación era "concluyente". Este tipo de justificaciones han generado diversas reacciones en la opinión pública.
En relación con el juez de la provincia de Chaco, Ricardo Mianovich, Irene Benito expresó su perplejidad sobre la respuesta que este brindó al ser consultado por la designación de familiares en la justicia. Según la periodista, la explicación del magistrado fue publicada de manera textual en el informe debido a su naturaleza confusa, permitiendo así que la ciudadanía pudiera leerla tal como fue emitida y sacar sus propias conclusiones. Benito añadió:
"Realmente entiendo su perplejidad, la comparto. Estos son nuestros jueces, así se expresan cuando les damos la oportunidad de explicar, y pensamos que cada uno tiene que evaluarla y definitivamente sacar sus conclusiones".
La respuesta del juez Mianovich: “responder eventual y ulteriormente, sustrayéndome de funciones institucionales que disponen de mecanismos de control idóneos, implicará la demostración antelada por vuestra parte de galanura lexicográfica, una más elevada, detallada y completa información, y la ausencia plena de párrafos alusivos de posibles o sugerentes implicancias, una trama extorsiva o la posible afectación del buen nombre, la dignidad o el prestigio de terceras personas, límite intolerable al que no ingresaré, ni daré mínima entidad”.
Para Benito, el problema no solo reside en la percepción de injusticia que genera este tipo de situaciones, sino también en la incertidumbre sobre el nivel de profesionalismo de los designados:
"Es injusto para aquellos parientes que son idóneos pero que no han pasado por una evaluación objetiva e independiente. También es injusto para la ciudadanía, que merece tener certeza sobre la calidad de los profesionales que conforman el Poder Judicial".
La solución, según la periodista, radica en la aplicación de la Ley de Ingreso Democrático en todo el sistema judicial, eliminando así la discrecionalidad en las designaciones. Benito concluyó señalando que la investigación debe servir como una herramienta para que la magistratura federal tome medidas y aplique la ley, como ya ocurre en otros sectores judiciales:
"Esperamos que nuestros jueces tomen nota de esto, que se miren las manos y digan: depende de nosotros cambiar esta situación. De lo contrario, seguiremos viendo cómo el poder que debería aplicar la ley se pone por encima de ella".
