La Justicia chaqueña ha detenido a dos personas en el marco de las investigaciones por la venta irregular de viviendas y galpones entregados por el ahora disuelto Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), utilizado en la gestión anterior para el desvío de fondos públicos y otros actos de corrupción.
El vocal del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), Diego Gutiérrez, se pronunció ante la situación: “Es un trabajo que llevamos a cabo desde el inicio de esta gestión, junto a la escribana Clelia Ávila y su equipo, para relevar obras que debían haberse concretado a través del IAFEP”.
Según Gutiérrez, los inmuebles destinados a un fin social y comunitario “no están cumpliendo con su propósito” y denunció que “la complicidad de algunos funcionarios de la gestión anterior convirtió el programa en una inmobiliaria irregular". En muchos casos, explicó, “las obras se pagaron en su totalidad, pero las viviendas no existen y son barrios fantasmas”.
La situación, que afecta a más de 700 viviendas en distintos grados de construcción, ha llevado al IPDUV a alertar a la ciudadanía: “Pedimos a la gente que no entre en este mercado ilegal; estas propiedades pertenecen al Estado y su destino es dar soluciones habitacionales a quienes realmente lo necesitan”, enfatizó Gutiérrez, quien agregó que ya están trabajando para destinar estos galpones a desarrollo social, salud pública o comisarías.
El vocal del IPDUV fue contundente al señalar que las viviendas vendidas de manera irregular serán desalojadas y regresarán al patrimonio del Estado provincial, incluso en aquellos casos en los que las personas las hayan adquirido de buena fe. “Entendemos que quienes las compraron lo hicieron con necesidad de vivienda, pero no podemos convalidar situaciones ilegales,” advirtió. Gutiérrez recordó que estos inmuebles fueron destinados originalmente a familias vulnerables y que cualquier documento de compraventa carece de validez legal, dado que las tierras siguen siendo propiedad del Estado chaqueño.
