La Justicia ratificó la sentencia de seis años de prisión por administración fraudulenta en el marco del caso Vialidad, afectando también a otras figuras del sector público involucradas.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Este fallo, emitido en una audiencia pública en los tribunales de Comodoro Py, ratifica el veredicto del Tribunal Oral que en diciembre de 2022 la condenó por administración fraudulenta en relación con la obra pública en Santa Cruz. La decisión de los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña fue en mayoría, aunque el juez Gustavo Hornos propuso sumar el delito de asociación ilícita, lo cual finalmente no prosperó.
El fallo incluye además la confirmación de las penas para otros imputados, entre ellos el empresario Lázaro Báez y el ex secretario de Obras Públicas José López, quienes recibieron también seis años de prisión. Otros funcionarios, como Nelson Periotti, ex director de la Dirección Nacional de Vialidad, y ex autoridades de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) en Santa Cruz, enfrentan penas que oscilan entre tres y seis años. La sentencia también ratificó la absolución del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien fue desvinculado de las acusaciones junto a otros ex funcionarios.
Los hechos bajo investigación abarcan más de cincuenta licitaciones públicas llevadas a cabo entre 2003 y 2015 en Santa Cruz. En ese periodo, las obras viales en la provincia se adjudicaron sistemáticamente a empresas vinculadas a Báez, consolidando un esquema fraudulento que perjudicó las arcas del Estado. Las maniobras ilícitas incluían irregularidades en el proceso de licitación y ejecución de las obras, avaladas por ex funcionarios de Vialidad tanto a nivel nacional como provincial.
Dentro del expediente, se identificó el rol activo de altos cargos en la facilitación de este esquema. Se resaltó el Decreto PEN 54/09, firmado por Fernández de Kirchner, que autorizó la financiación directa de las obras adjudicadas a Báez, medida que fue gestionada por López y Periotti. Este decreto es uno de los elementos que permitió consolidar el circuito de irregularidades investigado, cuyo impacto económico negativo en las finanzas públicas se calcula en aproximadamente 84.000 millones de pesos.
El fallo aún no es definitivo, ya que puede ser apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un plazo de diez días hábiles. En caso de que la Corte ratifique la decisión de Casación, la condena quedará firme, quedando en condiciones de ejecutarse. Además de las penas de prisión, se ordenó el decomiso de bienes por el monto equivalente al perjuicio económico atribuido a la maniobra, sentando un precedente importante en la causa por corrupción en obra pública en Argentina.
