En medio de una provincia golpeada por la pobreza, la adjudicación de millonarias obras para oficinas administrativas genera indignación. Vecinos y expertos critican la falta de inversión en salud, educación y vivienda.
El anuncio de la inversión de $37 mil millones para construir oficinas administrativas en Corrientes, impulsado por el gobernador Gustavo Valdés, ha desatado un fuerte debate entre los ciudadanos. Mientras el gobierno destaca la importancia de modernizar la infraestructura estatal, voces críticas señalan que existen otras prioridades urgentes en una provincia donde el 40% de la población vive en condiciones de pobreza.
"Es una burla para los correntinos", expresó una vecina que brindó su opinión frente a las cámaras de N9. "Con esa plata se podrían construir 100 escuelas o 50 hospitales. En cambio, se destina a un proyecto que no beneficia directamente al pueblo".
En un contexto de creciente desigualdad, el gasto proyectado para estas oficinas contrasta con las necesidades de los sectores más vulnerables. Según testimonios recopilados, los hospitales públicos carecen de insumos básicos, y la infraestructura educativa enfrenta serias deficiencias.
"El IOSCor no funciona, los medicamentos están por las nubes, y los hospitales públicos no tienen insumos. ¿Cómo pueden justificar esta inversión?", cuestionó una trabajadora de la salud.
Otro punto crítico es el déficit habitacional. "En Bellavista se sortearon 82 casas para 2.500 familias. ¿Por qué no destinar esos fondos a viviendas sociales? Es evidente que estas oficinas solo sirven a intereses de unos pocos", sostuvo un joven que aspiraba a una de esas viviendas.
La obra fue adjudicada a Panedile Argentina S.A., una empresa con antecedentes controvertidos. Su presidente, Hugo Alberto Dragonetti, fue investigado en la causa de los "cuadernos de las coimas" y admitió pagos irregulares a cambio de contratos públicos.
Panedile también fue señalada por su participación en otros proyectos millonarios en la provincia, como el Centro Administrativo del barrio San Benito y la refacción de plazas. "Es siempre el mismo círculo: las grandes constructoras ganan, mientras que el pueblo paga los costos de la corrupción", opinó Alberto Suárez, un comerciante local.
No todos los ciudadanos están al tanto del proyecto, pero entre quienes conocen los detalles prevalece el descontento. "Con lo que gastan en esas oficinas, podrían solucionar problemas que afectan a miles de personas", comentó una jubilada. "La educación, la salud y las viviendas deberían ser las prioridades, no edificios de lujo".
Desde las calles de Corrientes, los testimonios reflejan una sensación compartida de desamparo frente a decisiones que parecen desconectadas de las necesidades reales. Mientras tanto, el gobierno de Valdés enfrenta críticas crecientes por parte de la sociedad civil y sectores políticos.
